Por: Carmen Gloria Hidalgo Belmar, Directora Ejecutiva, y Patricio Marchent Muñoz, Coordinador de Investigación — Fundación CreSeres.
El aumento sostenido de hechos de violencia que afectan a comunidades educativas en Chile no es un dato más para la estadística. Es una señal. Una que, como sociedad, no podemos relativizar ni naturalizar. Cada episodio que ocurre en una escuela, en un patio, en el trayecto al colegio, daña la convivencia, rompe confianzas y vulnera el derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes a desarrollarse en entornos seguros.
Pero detenerse en el dato no basta. La pregunta de fondo es otra: ¿qué estamos haciendo —o dejando de hacer— para prevenir?
En un reciente posicionamiento público, nuestra Directora Ejecutiva Carmen Gloria Hidalgo y nuestro Coordinador de Investigación Patricio Marchent abordaron esta pregunta sin atajos. Este artículo retoma y profundiza esa reflexión institucional, porque creemos que el debate sobre convivencia escolar en Chile necesita más matices, más rigor y, sobre todo, más responsabilidad compartida.
La violencia no aparece de la nada
Reaccionar solo cuando el problema estalla es llegar tarde. Y, sin embargo, esa parece ser la lógica predominante: el episodio ocurre, los medios cubren, las instituciones reaccionan, las autoridades anuncian medidas y el ciclo se repite semanas después en otra comuna, otra escuela, otra trayectoria interrumpida.
Como Fundación, sostenemos una convicción técnica que muchas veces incomoda en el debate público: la violencia no es un evento espontáneo. En la mayoría de los casos, es la expresión visible de trayectorias marcadas por abandono, desregulación emocional, fragilidad vincular y exposición sostenida a contextos adversos.
“La violencia no aparece de la nada. En muchos casos, es la expresión de trayectorias marcadas por abandono, desregulación, fragilidad vincular y exposición sostenida a contextos adversos. Si solo reaccionamos cuando el problema estalla, llegamos tarde.”
— Carmen Gloria Hidalgo & Patricio Marchent
Decirlo así no es excusar la violencia. Es entenderla. Y entenderla es la condición indispensable para intervenir antes de que escale. Cuando un sistema de protección, una escuela o una red comunitaria ignora estas señales tempranas, no solo falla en su deber de cuidado: también contribuye, por omisión, a que la trayectoria termine donde nadie quiere que termine.
La autoridad legítima no se opone a los derechos
En el debate público chileno hay una falsa dicotomía que conviene desarmar: la idea de que “más derechos” implica “menos autoridad”, o de que poner límites a un adolescente es sinónimo de autoritarismo.
Desde nuestra experiencia en terreno —en programas FAE, en reinserción social juvenil, en articulación territorial— hemos visto algo distinto: la autoridad es indispensable, siempre y cuando sea legítima, consistente y protectora.
No se trata de control por sí mismo. Se trata de:
- Presencia adulta clara, que no se ausenta cuando el conflicto aparece.
- Instituciones que funcionan, con protocolos comprensibles y aplicables.
- Límites coherentes, que se sostienen en el tiempo y no se modifican según el ánimo del día.
“La autoridad no se opone a los derechos; es condición para que estos se ejerzan de manera real.”
— Carmen Gloria Hidalgo & Patricio Marchent
Un niño, niña o adolescente que crece sin referentes adultos consistentes no aprende a regular su conducta, no construye seguridad interna y, muchas veces, expresa esa carencia precisamente a través de la violencia. La paradoja es que el discurso que más defiende los derechos suele olvidar que esos derechos requieren adultos presentes y firmes para hacerse efectivos.
No es responsabilidad de “las familias” — es responsabilidad social
Otro atajo frecuente: trasladar el peso completo a las familias. “Es que en la casa no les enseñan.” Esa frase, dicha con frecuencia desde editoriales, columnas de opinión y conversaciones de sobremesa, simplifica un problema que es estructural.
Por supuesto que las familias son centrales. Pero no operan en el vacío. Sobre el modo en que se configura —o se deteriora— la convivencia inciden directamente:
- La escuela, como espacio cotidiano de vida y socialización.
- El entorno comunitario, con sus redes presentes o ausentes.
- El Estado, a través de sus políticas, programas y capacidad de gestión.
- Los sistemas de protección, que deben llegar a tiempo o explicar por qué no llegaron.
- Los medios, que pueden contribuir a una conversación adulta o alimentar el alarmismo.
Cuando aumentan la desconfianza y la inseguridad, se debilita el tejido social completo. Y un tejido social debilitado es un terreno fértil para que las trayectorias de vulneración se profundicen.
La respuesta no es más control. Es más gestión.
Frente a cada episodio mediático, la tentación política es siempre la misma: anunciar más cámaras, más detectores, más controles, más sanciones. Medidas reactivas que generan titulares pero que, en el mediano plazo, no modifican lo estructural.
Lo que sí lo modifica es fortalecer capacidades reales:
- Equipos preparados en convivencia, mediación y manejo de conflictos.
- Trabajo sistemático con familias, no actividades aisladas.
- Salud mental accesible para NNA y para los adultos significativos.
- Coordinación intersectorial efectiva entre escuela, salud, protección y municipio.
- Protocolos claros que todos conocen y todos aplican.
- Formación continua en convivencia para docentes, asistentes de la educación y duplas psicosociales.
“Esto no es declarativo, es gestión.”
— Carmen Gloria Hidalgo & Patricio Marchent
La diferencia entre una declaración y una política pública efectiva está exactamente ahí: en la capacidad de sostener procesos largos, evaluables y articulados. Lo demás es discurso.
Ningún niño puede ser reducido a un problema
Hay una frase que ordena nuestra mirada institucional y que, creemos, debería ordenar también el debate público:
“Ningún niño, niña o adolescente puede ser reducido a un problema. Cada uno requiere comprensión de su trayectoria, responsabilidad en la intervención y oportunidades reales de reparación.”
— Carmen Gloria Hidalgo & Patricio Marchent
Esto no es ingenuidad. Es principio rector de cualquier política seria de protección. El adolescente que protagoniza un episodio de violencia escolar no es solo el victimario que muestra el reportaje: es también, casi siempre, alguien con una trayectoria de vulneración previa. Reconocer eso no exime de responsabilidad. La amplía: nos obliga a intervenir en la causa, no solo en el síntoma.
Hablar de cultura de paz en este escenario no es un eslogan amable. Es una decisión concreta, sostenida y profundamente exigente: reconstruir vínculos, desnormalizar la violencia y sostener prácticas de buen trato de manera consistente en el tiempo. Es lo opuesto a la lógica de la sanción inmediata. Es lo más difícil de hacer y lo más urgente de empezar.
Qué hace Fundación CreSeres frente a este desafío
Nuestro trabajo, desde hace 14 años y a lo largo de Chile —desde Tocopilla hasta Talcahuano—, opera precisamente en la intersección donde el discurso público suele detenerse. Lo hacemos a través de:
- Programa Familias de Acogida Especializada (FAE): acompañamos a familias que reciben temporalmente a NNA cuyos derechos han sido vulnerados, ofreciendo el entorno seguro que su trayectoria interrumpida necesita para reorganizarse.
- Reinserción Social Juvenil: trabajamos con adolescentes que han ingresado al sistema de justicia, sosteniendo procesos de reparación que apuntan a reconstruir vínculos, proyecto de vida y oportunidades reales.
- Corporación Educacional Inapewma: nuestro brazo educativo formal, donde la convivencia escolar no es un protocolo más, sino el corazón del proyecto pedagógico.
- Articulación territorial: trabajamos en red con municipios, redes locales y otras organizaciones, porque sabemos que ningún actor por sí solo puede sostener entornos seguros.
En cada uno de estos programas, lo que hacemos es exactamente lo que el debate público suele ignorar: prevenir antes de que el problema estalle, intervenir cuando ya estalló, y acompañar después para que no se repita.
Una invitación adulta
Si algo nos define como Fundación CreSeres es la convicción de que los entornos seguros no se decretan: se construyen. Y se construyen entre muchas manos: las del Estado, las de la escuela, las de las familias, las de las comunidades, las de las organizaciones de la sociedad civil.
Nuestro deber como sociedad es claro: proteger a las comunidades educativas y, al mismo tiempo, intervenir oportunamente en las trayectorias que pueden derivar en violencia. No hay atajos. Solo trabajo serio, articulado y sostenido.
Si esta conversación te interpela —porque trabajas en una escuela, porque eres parte de una red local, porque tu empresa quiere aportar desde la RSE, o porque has pensado alguna vez en sumarte como familia de acogida— te invitamos a conocer cómo trabajamos en creseres.cl y a sumarte a la construcción de entornos donde cada niño, niña y adolescente pueda crecer protegido.
Porque al final, la pregunta no es de ellos. Es nuestra.
“Hablar de cultura de paz no es ingenuidad. Es una decisión concreta: reconstruir vínculos, desnormalizar la violencia y sostener prácticas de buen trato de manera consistente en el tiempo.”
— Carmen Gloria Hidalgo Belmar, Directora Ejecutiva
Patricio Marchent Muñoz, Coordinador de Investigación
Fundación CreSeres · Mayo 2026
